El colapso de un tramo de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en el que 26 personas perdieron la vida y decenas más resultaron lesionadas, no quedará impune, aseguró Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México.

La abogada de la ciudad señaló que el agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación General de Investigación Territorial ofreció datos de prueba sólidos para formular imputación a ocho personas servidoras públicas durante la audiencia celebrada la semana pasada.

En ese sentido, la Fiscal General de Justicia hizo alusión a las pruebas científicas que integran el dictamen pericial, en el cual se basaron las imputaciones, como parte de la teoría del caso que ha señalado la FGJCDMX.

“Han sido imputados algunos servidores públicos, de acuerdo a nuestros dictámenes, muy fuertes que tenemos; es un problema que tuvo que ver con el diseño y tuvo que ver con la construcción y en ese sentido, no quedarán impunes, los servidores públicos que tuvieron que ver”, acotó Godoy Ramos.

La titular de la FGJCDMX recalcó que en este caso se logró aplicar la figura de la Justicia Restaurativa, dado que las empresas relacionadas con la construcción firmaron un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México para reparar el tramo elevado de la Línea 12.

“Por otro lado, están quienes construyeron, que han firmado con el Gobierno de la Ciudad un acuerdo para reparar todo el tramo elevado de la Línea 12 del Metro y a eso se le llama justicia restaurativa”, señaló.

Además, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México hizo referencia a las indemnizaciones que se han logrado a favor de víctimas directas e indirectas.

“Han apoyado (quienes construyeron), como era obligación, en la indemnización a las víctimas, tanto de las personas que fallecieron como de quienes resultaron lesionados, y eso se ha hecho respetando los estándares internacionales para casos como éste”.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en apego a sus funciones y atribuciones como área esencial, continúa todos los días sus tareas de investigación para combatir la impunidad y pone a disposición de la ciudadanía los números telefónicos (55) 5200 9000 y 800 745 2369 para orientación jurídica gratuita.