La Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, presidida por la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI), organizó el foro nacional titulado "Por una niñez más protegida: Implementación y Alcance del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RENOA)". En dicho evento, participaron especialistas y funcionarios.

En su discurso inaugural, la diputada Herrera Anzaldo destacó que la reforma que posibilitó la creación del RENOA tenía como objetivo salvaguardar los derechos de las mujeres frente a las responsabilidades económicas, de cuidado y sociales que asumen solas respecto al desarrollo de sus hijos.

Asimismo, subrayó la intención de garantizar el interés superior de la niñez, creando mecanismos para materializar el ejercicio de sus derechos y satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, salud y educación.

Herrera Anzaldo señaló que ocho de cada 10 hogares encabezados por padres separados no reciben pensión alimentaria, evidenciando una falta de cumplimiento de responsabilidades morales, sociales y parentales por parte de los hombres.

Julieta Lujambio Fuentes, defensora de los derechos de las madres solas y sus hijos, detalló que el Diario Oficial de la Federación emitió los lineamientos para la constitución del RENOA el 8 de mayo de este año. Este registro fue creado para abordar la impunidad generalizada en torno a un derecho irrenunciable de los menores: el de recibir alimentos.

Lujambio explicó que la medida restringe a los deudores la emisión de pasaportes o documentos migratorios, su postulación a cargos de elección popular y puestos públicos, así como su acceso a roles judiciales o legislativos. El DIF opera este Registro, y los tribunales estatales de justicia pueden alimentar y consultar las bases de datos.

Alejandro Cárdenas Camacho, director general de Asuntos Jurídicos del SNDIF, detalló que el RENOA es digital, público, gratuito y alberga información exclusiva sobre deudas alimentarias decretadas a favor de niños y adolescentes.

Cárdenas subrayó que el acceso al Registro se divide en consulta pública, acceso directo para tribunales y procuradurías de protección a la niñez. Propuso reducir el plazo de inscripción de 90 a 5 días.

MESA 1: La obligación alimentaria y el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

Patricia Olamendi Torres, defensora de mujeres, elogió el avance legislativo pero instó a trabajar para que ser deudor alimentario en el país sea motivo de rechazo y señalamiento. Pidió acciones para evitar que los juicios por pensión alimentaria duren siete años y propuso que se declare una pensión provisional al inicio de los procesos jurídicos. También solicitó que estas personas no puedan acceder a cargos públicos.

Rebeca Yolanda Bernal Alemán, abogada y defensora de derechos de mujeres y niños, indicó que es esencial capacitar a las autoridades jurídicas sobre la perspectiva infantil y exhortar a las instancias locales para que cumplan los lineamientos del Registro.

Angélica de la Peña Gómez, exsenadora y defensora de derechos de mujeres, destacó la necesidad de trabajar en criterios de la Ley "3 de 3" contra la violencia en los lineamientos del INE para evitar que los deudores alimentarios lleguen a cargos públicos.

MESA 2: La reforma constitucional "3 de 3" y el mecanismo para verificar que ningún deudor alimentario sea candidato a cargo de elección popular ni ostente cargo público por comisión, concurso o adjudicación.

La consejera electoral de Tabasco, María Elvia Magaña Sandoval, informó sobre la resistencia para ejecutar la reforma constitucional en esta entidad y propuso acciones para asegurar la efectividad de las reformas.

La diputada del Congreso de Yucatán, Carmen González Martín, habló sobre las adecuaciones normativas en su entidad para crear el Registro de Deudores Alimentarios y propuso que quienes reciban apoyos y sean deudores alimentarios no puedan acceder a ellos.

Yndira Sandoval, feminista y activista, destacó que varias entidades no han armonizado sus legislaciones con el RENOA y abogó por que los partidos incorporen los criterios de la Ley "3 de 3" en sus convocatorias internas, proponiendo sanciones para los partidos que postulen a inscritos en el RENOA.