El fin de semana unos cuantos tweets fueron lanzados en lo que aparentaba ser un texto armado en diferentes cuentas en la red social Twitter condenando tanto a la alcaldía La Magdalena Contreras como a su actual alcalde Luis Gerardo Quijano Morales. En dichas sentencias se mencionó la inconformidad con respecto a los sellos colocados al ya tan mediático Colegio Williams ubicado en la demarcación.

Un fenómeno particular es que los comentarios que fueron expuestos, en contra del alcalde y la alcaldía, contenían incongruencias desde que confundían al alcalde como responsable de otra demarcación hasta con confundir la autoridad que realizó la verificación. Como muestra solo basta un botón:

Como este tweet, hubo varios, a veces, desde las mismas 5 cuentas detectadas por nuestro equipo; cuyo comportamiento era copiar y pegar el mismo texto en cada uno de los tweets que involucraban a los señalados. Si bien es necesario señalar el actuar de cualquier institución o sujeto obligado, debemos de ser conscientes de la veracidad de lo que leemos en línea y cotejarlo con la información oficial. En este caso, a las partes que tienen un interés jurídico sobre el tema se les fue notificado por el ente que realizó la verificación.

Por su parte, la alcaldía, emitió un comunicado oficial en el que señalan las verificaciones realizadas y las inconsistencias que conllevaron a la ejecución de los sellos (se continúa aún en curso administrativo).

Este tipo de comportamientos desvirtúan, a veces, el buen actuar de una autoridad, confunden a la gente y se basan en hechos que no se tienen claros al señalar las incidencias. Sin mencionar, que este tipo de acciones promueven algún interés particular sobre el tema y hay que estar seguros de quién emite el juicio o comparte la información. Además, el colegio involucrado, recientemente, tuvo un desafortunado evento en donde un infante perdió la vida dentro de esas mismas instalaciones y cuyos actores principales tienen una carpeta de investigación abierta por parte de la Fiscalía. Asimismo, se tiene que garantizar la seguridad de quien acude a las instalaciones y al no contar con los elementos que en la normatividad se indican son acreedores a una sanción por parte del órgano verificador.