El PAN exigió este martes al nuevo titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Ernesto Alvarado Ruiz, llevar a cabo las diligencias necesarias para la reparación integral del daño en favor de las víctimas, particularmente en el caso de Jeniffer Jiménez Martínez, logrando de esa manera el acceso a la justicia por los lamentables hechos suscitados en 2008 durante un fallido operativo en la discoteca “News Divine”.

A través del diputado local Luis Chávez García, la fracción panista recordó que la madre de la Jiménez Martínez, denunció en 2020, el Gobierno le quitó los apoyos económicos que tenía para la adquisición de medicamentos y alimentos para su hija, así como el pase médico universal en todo el sistema hospitales públicos de la capital.

“Muy lamentable la situación, y este retiro de apoyos fue porque la madre de Jeniffer junto con más familiares de víctimas, habían tramitado un juicio para que el caso fuera reabierto porque hasta hoy, sigue la impunidad como la que permanece en la Línea 12 del Metro”.

Chávez García, quien preside de la Comisión Especial de Atención a Víctimas en el Congreso local, dijo que, en ese entonces, el delegado en Gustavo A. Madero era Francisco Chíguil Figueroa, quien, de acuerdo a varios reportes, permitió la reapertura de la discoteca que estaba clausurada.

“A pesar de ello, no se investigó a fondo y no hay funcionarios de mando superior encarcelados. Las familias siguen exigiendo que se haga justicia por la muerte de sus hijos, por las lesiones físicas y psicológicas”.

Se necesita transparencia jurídica en la decisión que exoneró a los ex funcionarios, pues de lo contrario, los ciudadanos perciben un ambiente de impunidad en toda la sociedad. La aplicación de la justicia no se ha podido terminar en 14 años, conforme a las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y de los peritos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que revisaron las causas de la muerte de nueve menores y tres policías en la discoteca New´s Divine.

“Consideramos que la autoridad, el gobierno de MORENA, debe garantizar la justicia plena, en la que se sustenten las alternativas que les permitan desarrollarse, alejarse de la violencia y dejar de ser presas del crimen organizado, no ser objeto de las malas decisiones de las autoridades, y lo que es aún peor, no se castigue a los funcionarios que las cometen”.

Dijo que es importante establecer una política pública hacia la juventud, que considere esquemas de participación de las y los jóvenes. “Y oírlos; no los estamos escuchando, en la alcaldía Gustavo A. Madero prevalece la violencia, el narcomenudeo, en donde las principales víctimas son los niños y jóvenes”.

Por lo anterior, el Congreso local tiene la obligación de hacer un atento llamado para evitar que en lo sucesivo no se cometan este tipo de errores que cuestan vidas. Es necesario que las autoridades judiciales locales y federales determinen cuanto antes la responsabilidad penal de los servidores públicos que participaron en el operativo, no sólo porque el castigo de tales irresponsabilidades es parte de la reparación del daño, sino porque esos actos jurisdiccionales dan valor a la vida, honra y dan integridad a los jóvenes que fueron víctimas de esas violaciones.

No basto con separar de sus cargos a los funcionarios responsables; el grupo parlamentario de Acción Nacional exigimos que la investigación llegue a fondo sin medir consecuencias políticas y por ello